Ley Bases (Ley 27.742): reforma del Estado, privatizaciones y RIGI
La Ley 27.742, « Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos », fue sancionada por el Congreso el 27 de junio de 2024, tras una votación en el Senado desempatada por la vicepresidenta, y publicada el 8 de julio de 2024. Declaró la emergencia pública por un año, delegó en el Poder Ejecutivo facultades para reorganizar o disolver organismos del Estado, declaró sujetas a privatización seis empresas públicas (otras dos solo en forma parcial), reescribió el procedimiento administrativo y el régimen de empleo público y modificó el derecho laboral (período de prueba de seis meses, derogación de las multas por trabajo no registrado, régimen de regularización). Creó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): para proyectos de al menos USD 200 millones, una alícuota de Ganancias del 25 %, libre disponibilidad progresiva de las divisas de exportación y 30 años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria. Las facultades delegadas rigieron un año; el plazo de adhesión al RIGI fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027.
Lo esencial
Votación en general del Senado: votos afirmativos, igual a los negativos
36
12 de junio de 2024 · Observado
según el acta de votación del Senado (36 negativos; desempate de la vicepresidenta)[7][10]
Empresas del Estado sujetas a privatización o concesión (Anexo I)
6
desde julio de 2024 · Observado
según el artículo 7 y el Anexo I de la Ley 27.742 (más una apertura parcial para Nucleoeléctrica Argentina y Río Turbio, arts. 8 y 9)[1]
Estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria del RIGI
30 años
desde la fecha de adhesión · Anunciado
según el artículo 201 de la Ley 27.742[1]
Alícuota de Ganancias de los proyectos RIGI
25 %
desde la adhesión · Anunciado
según el artículo 183 de la Ley 27.742 (inversión mínima de USD 200 millones, art. 173)[1]
Formación bruta de capital fijo (% del PIB)
16% PIB
2025
- Estado: En vigor desde el 9 de julio de 2024. Publicada el 8 de julio de 2024 (Boletín Oficial N° 35.456); el artículo 237 la hace regir desde el día siguiente salvo disposición en contrario de un título. El Gobierno cuenta el plazo de adhesión al RIGI desde el 8 de julio de 2024 (Decreto 105/2026). La emergencia y las facultades delegadas del artículo 1 rigieron por un año.[1][2][18]
- Próximo hito: 8 de julio de 2027, Cierre previsto del plazo de adhesión al RIGI
Ficha de identidad
Texto de referencia
Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N° 27.742)[1][2]
N.º Ley 27.742 · 27 de junio de 2024
Leer el texto ↗Impulsores
- Poder Ejecutivo Nacional (National Executive)[5]Remitió el proyecto al Congreso (expediente de la Cámara de Diputados 25-PE-2023) · 2023-2024 · Impulsor
- Bartolomé Esteban Abdala[10][7]Senador (La Libertad Avanza), miembro informante del dictamen de mayoría en el debate del Senado del 12 y 13 de junio de 2024 · 2024 · Impulsor
- Victoria Villarruel[10][7]Vicepresidenta y presidenta del Senado, desempató a favor del proyecto en la votación en general del 12 de junio de 2024 · 2024 · Modificación
- Javier Milei[4][11][12][13]Presidente de la Nación, promulgó la ley por el Decreto 592/2024 y firmó sus decretos reglamentarios · 2024-2026 · Aplicación
- Luis Andrés Caputo[4][12][18]Ministro de Economía, refrendó la promulgación y los decretos reglamentarios; su ministerio es la autoridad de aplicación del RIGI · 2024-2026 · Aplicación
Aplicación
- Ministerio de Economía (autoridad de aplicación del RIGI, privatizaciones con la unidad « Agencia de Transformación de Empresas Públicas »)
- Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y Comisión Bicameral Permanente (control de los decretos delegados)
- Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP): regularización del empleo no registrado
- Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (reemplaza al ENRE y al ENARGAS)
Objetivo declarado
Mejorar el funcionamiento del Estado y reducir el sobredimensionamiento de su estructura para disminuir el déficit y equilibrar las cuentas públicas (bases de la delegación, artículo 2); y, mediante el RIGI, incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y dar previsibilidad y estabilidad a largo plazo a los grandes proyectos (artículo 166). El miembro informante presentó la ley como un medio para promover la iniciativa privada y desregular el Estado.[1][10]
según el texto de la Ley 27.742 (artículos 2 y 166) y el senador Bartolomé Abdala, miembro informante en el debate del Senado del 12 y 13 de junio de 2024
Medidas principales
- Emergencia y facultades delegadas (Título I, art. 1): emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, con delegación de facultades en el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 76 de la Constitución; el Ejecutivo informa mensualmente al Congreso y los decretos delegados quedan sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (art. 234).[1]
- Reorganización del Estado (arts. 3 a 6): el Ejecutivo puede modificar, fusionar, disolver o transferir a las provincias organismos creados por ley, transformar empresas del Estado, disolver fondos fiduciarios públicos e intervenir entes; quedan excluidos las universidades nacionales, el Poder Judicial y el Legislativo, y una lista de organismos (entre ellos CONICET, ANMAT, INCAA, ENACOM, CNEA y CNV) no puede ser disuelta.[1]
- Privatizaciones (arts. 7 a 14 y Anexo I): Energía Argentina e Intercargo quedan sujetas a privatización; AySA, Belgrano Cargas y Logística, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, a privatización o concesión; Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio solo a una apertura parcial, manteniendo el Estado el control. Interviene la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y la Auditoría General de la Nación examina cada proceso dentro de los 120 días hábiles.[1]
- Procedimiento administrativo (arts. 24 a 51, que modifican la Ley 19.549): cuando una norma exige una autorización en el marco de una facultad reglada, el silencio de la Administración al vencer el plazo tiene sentido positivo; en los demás casos se interpreta como negativa, y el plazo por defecto para resolver es de 60 días.[1]
- Empleo público (arts. 52 a 62, que modifican la Ley 25.164): el personal con estabilidad cuyos cargos se supriman o excedan la dotación óptima pasa a disponibilidad por hasta 12 meses; si al término no formalizó una nueva relación laboral, queda desvinculado de la Administración Pública nacional con una indemnización de un mes de sueldo por año de servicio.[1]
- Contratos y concesiones (Título III): el Ejecutivo puede renegociar o rescindir por razones de emergencia contratos de obra pública (se protegen las obras ejecutadas en un 80 %), y se reescribe la Ley 17.520 de concesiones (licitación pública, mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato, cláusulas de arbitraje).[1]
- Empleo registrado (Título IV, arts. 76 a 81): los empleadores pueden regularizar relaciones laborales del sector privado no registradas o deficientemente registradas iniciadas antes de la promulgación, con condonación de al menos el 70 % de la deuda de la seguridad social (90 %, 80 % o 70 % según el tamaño de la empresa por el Decreto 847/2024); los trabajadores regularizados pueden computar hasta 60 meses de aportes, sobre el salario mínimo vital y móvil, para los años de servicio exigidos para la PBU y la prestación por desempleo.[1][13]
- Modernización laboral (Título V, arts. 82 a 100): período de prueba de seis meses en el contrato por tiempo indeterminado, ampliable por convenio colectivo hasta ocho meses (empresas de 6 a 100 trabajadores) o un año (hasta 5 trabajadores); derogación de las multas por falta de registración de la Ley 24.013 (arts. 8 a 17) y de la Ley 25.323; por convenio colectivo puede sustituirse la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral; el trabajador independiente puede contar con hasta tres colaboradores independientes en un régimen especial unificado; se incorpora un agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio (art. 245 bis).[1]
- Energía (Título VI): se modifica la Ley 17.319 de hidrocarburos para que el Poder Ejecutivo no pueda intervenir ni fijar los precios de comercialización en el mercado interno y para que el comercio internacional de hidrocarburos sea libre (exportaciones sujetas a la no objeción de la Secretaría de Energía); se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en reemplazo del ENRE y el ENARGAS (art. 161); el Ejecutivo puede adecuar las leyes eléctricas para abrir el comercio y la competencia (art. 162).[1]
- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI (Título VII, arts. 164 a 228): para vehículos de proyecto único de los sectores forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas con una inversión mínima de USD 200 millones en activos computables, adhesión abierta por dos años (prorrogable una vez por un año); alícuota de Ganancias del 25 %; cobros de exportaciones exceptuados progresivamente de la obligación de liquidar divisas en el mercado de cambios (20 % a los dos años de la puesta en marcha, 40 % a los tres, 100 % a los cuatro; un año antes para los proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo de al menos USD 1.000 millones por etapa); estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años; controversias sometibles a arbitraje internacional, incluido el CIADI. Una provincia debe adherir para que el régimen se aplique en su territorio.[1][10]
- Medidas fiscales (Título VIII): el impuesto interno a los cigarrillos se fija en el 73 % del precio de venta al consumidor (sin IVA), y el fisco puede determinar el precio imponible cuando el informado sea inferior en al menos un 20 % al relevado en el mercado.[1]
En datos
Crecimiento del PIB
4,5%
2025
Estimador mensual de actividad económica (EMAE)
154índice
T2 2026
Formación bruta de capital fijo (% del PIB)
16% PIB
2025
años desde la puesta en marcha del VPU, según el artículo 198 de la Ley 27.742
| Porcentaje exceptuado | Proyecto RIGI | Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo |
|---|---|---|
| 20 % | 2 años | 1 años |
| 40 % | 3 años | 2 años |
| 100 % | 4 años | 3 años |
Escala a partir de 0 años · Rige solo si el régimen general de cambios no es más favorable. Las divisas de préstamos, aportes de capital y servicios vinculados al proyecto son de libre disponibilidad desde el inicio.
obligaciones devengadas hasta el 31 de julio de 2024
| Empleador | Deuda condonada |
|---|---|
| Micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro | 90 % |
| Medianas empresas | 80 % |
| Demás empleadores | 70 % |
Escala a partir de 0 % · La ley fija un piso del 70 % (art. 77); el Decreto 847/2024 fija los porcentajes. Los aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud y las cuotas de Riesgos del Trabajo se condonan al 100 %.
Empleo informal
52,8%
2025
Cronología
- En debate
Proyecto del Poder Ejecutivo (expediente 25-PE-2023) en la Cámara de Diputados[5]
Primer intento en la Cámara de Diputados, luego levantado[10]
Según el miembro informante en el debate del Senado, el Gobierno intentó aprobar la ley en enero de 2024; fue levantada en la Cámara de Diputados y volvió a presentarse allí varios meses después.
La Cámara de Diputados aprueba el proyecto y lo gira al Senado[5]
Sanción registrada por el Senado el 29 de abril de 2024 (Orden del Día 7 de Diputados); el proyecto ingresa al Senado el 2 de mayo de 2024 como expediente CD-1/24.
Dictamen de comisiones del Senado (Orden del Día 37/24)[5]
Dictamen conjunto de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, con disidencias parciales y totales; el senador Martín Lousteau presenta un dictamen de minoría el 7 de junio de 2024.
El Senado aprueba el proyecto con modificaciones tras un empate desempatado por la vicepresidenta[6][7][9][8][10][5]
La votación en general termina dos veces 36 a 36; la vicepresidenta Victoria Villarruel desempata entonces por la afirmativa. Los títulos se votan uno a uno: el RIGI se aprueba por 38 a 32 y el título de modernización laboral por 37 a 33. El texto modificado vuelve a la Cámara de Diputados.
- En vigor
Entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial[1][2][18]
Publicada el 8 de julio de 2024 (Boletín Oficial N° 35.456); el artículo 237 la hace regir desde el día siguiente salvo disposición en contrario de un título. El Gobierno cuenta el plazo de adhesión al RIGI desde el 8 de julio de 2024 (Decreto 105/2026). La emergencia y las facultades delegadas del artículo 1 rigieron por un año.
El Decreto 695/2024 reglamenta el Título II (reforma del Estado)[11]
El Decreto 749/2024 reglamenta el RIGI[12]
Se designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del RIGI y se crean los registros de Vehículos de Proyecto Único, de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo y de Proveedores del RIGI.
El Decreto 847/2024 reglamenta los títulos de empleo registrado y modernización laboral[13]
Fija el porcentaje de condonación de la deuda de la seguridad social por el empleo regularizado: 90 % para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, 80 % para medianas empresas y 70 % para los demás empleadores (100 % para los aportes al Seguro de Salud y las cuotas de Riesgos del Trabajo), por obligaciones devengadas hasta el 31 de julio de 2024.
El Decreto 953/2024 disuelve la AFIP y crea la ARCA[14]
El decreto invoca el artículo 3°, inciso b), de la Ley 27.742 entre sus fundamentos.
El Decreto 286/2025 autoriza la privatización total de Energía Argentina, por etapas[15]
Se separa cada unidad de negocio; el primer paso es la venta del 100 % de las acciones de la transportista eléctrica Citelec mediante concurso público nacional e internacional.
Fin del año de emergencia y de facultades delegadas[1]
El artículo 1 declaró la emergencia y delegó las facultades por un año desde la entrada en vigor; los decretos dictados en su ejercicio siguen sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (artículo 234).
El Decreto 494/2025 autoriza la privatización total de AySA[17]
Venta de la totalidad de las acciones del Estado (90 % del capital): al menos el 51 % a un operador estratégico por licitación pública nacional e internacional y el remanente en bolsas y mercados del país.
El Decreto 105/2026 prorroga por un año el plazo de adhesión al RIGI[18][1]
En uso de la única prórroga que permite el artículo 168, el plazo de adhesión se extiende por un año desde el 8 de julio de 2026; el decreto también amplía la definición reglamentaria del sector de tecnología (entre otras, inteligencia artificial e industria de defensa).
La Ley de Modernización Laboral (27.802) se apoya en los títulos laborales[19]
La ley de 2026, que tiene su propia ficha, remite a los trabajadores independientes con colaboradores del artículo 97 y excluye de su nuevo régimen a los empleadores que ya regularizaron a los mismos empleados por el Título IV (artículo 174).
Términos del debate
Citoyen no toma posición: los argumentos se recogen tal como los formulan sus autores.
Según sus defensores
- El senador Bartolomé Abdala, miembro informante, sostiene que la ley promueve la iniciativa privada y la desregulación y que, con el RIGI, la Argentina debe competir con otros países para atraer el dinero que hoy no está en el país.[10]
- El senador Juan Carlos Romero sostiene que el Senado corrigió el RIGI: solo se eximen bienes importados nuevos, los proyectos deben explicar la mano de obra y los proveedores locales, y no puede haber RIGI en una provincia que no haya adherido, quedando a salvo los impuestos provinciales y las competencias ambientales.[10]
- El senador Víctor Zimmermann señala que se incorporaron sus propuestas: más organismos excluidos de la intervención (INTI, Banco Nacional de Datos Genéticos, SENASA), competencias provinciales en el RIGI e incentivos cambiarios computados desde la puesta en marcha y no desde la inscripción.[10]
- Al prorrogar el plazo de adhesión en 2026, el Poder Ejecutivo afirmó que el RIGI contribuyó de manera significativa a concretar inversiones en sectores clave, promoviendo el desarrollo, la competitividad, las exportaciones y el empleo.[18]
Según sus detractores
- El senador Martín Lousteau, autor del dictamen de minoría, se opone a la emergencia y a las facultades delegadas, que a su juicio dan gran discrecionalidad al Gobierno sin presupuesto, y sostiene que la ley da a las grandes empresas menos impuestos y estabilidad tributaria por treinta años sin ofrecer nada a los jubilados, las pymes ni la educación.[10][5]
- El senador Mariano Recalde rechaza los títulos laborales: a su juicio el régimen de regularización es un blanqueo para los empleadores que violaron la ley (« el que las hace, no las paga »), y los cambios laborales repiten reformas pasadas y promueven el empleo no registrado y la litigiosidad en lugar del empleo.[10]
- El senador Eduardo de Pedro se opone a otorgar superpoderes delegados a un presidente que, en sus palabras, dice querer destruir el Estado, y recuerda que las escuelas, las universidades, el sistema científico, la policía y el ejército son el Estado.[10]
Indicadores a seguir
- Crecimiento del PIB · IMF (WEO)Ver la ficha →
- Estimador mensual de actividad económica (EMAE) · INDECVer la ficha →
- Formación bruta de capital fijo · World BankVer la ficha →
- Resultado fiscal · IMF (WEO)Ver la ficha →
- Tasa de desocupación · INDEC (EPH)Ver la ficha →
- Empleo informal · ILOVer la ficha →
- Proyectos RIGI aprobados e inversión comprometida · Ministerio de Economíaaún sin ficha Citoyen
Fuentes
- [1]Ley 27742 - Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (texto original) –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 8 de julio de 2024
- [2]Ley 27742 - Resumen (sanción, publicación en el Boletín Oficial N° 35456) –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar)
- [4]Decreto 592/2024 - Ley N° 27.742 - Su promulgación –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 5 de julio de 2024
- [5]Expediente CD-1/24 - Proyecto de ley en revisión de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Exp. HCD 25-PE-2023) –Honorable Senado de la Nación Argentina
- [6]Acta de votación N° 1 - Ley de Bases, en general (12/06/2024, empate) –Honorable Senado de la Nación Argentina, 12 de junio de 2024
- [7]Acta de votación N° 2 - Ley de Bases, en general (12/06/2024) –Honorable Senado de la Nación Argentina, 12 de junio de 2024
- [8]Acta de votación N° 11 - Ley de Bases, Título V: Modernización laboral –Honorable Senado de la Nación Argentina, 12 de junio de 2024
- [9]Acta de votación N° 14 - Ley de Bases, Título VII: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) –Honorable Senado de la Nación Argentina, 12 de junio de 2024
- [10]Versión taquigráfica - 5ª reunión, 2ª sesión pública especial, 12/13 de junio de 2024 –Honorable Senado de la Nación Argentina, Dirección General de Taquígrafos, 12 de junio de 2024
- [11]Decreto 695/2024 - Apruébase Reglamentación del Título II - Reforma del Estado. Ley Nº 27.742 –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 2 de agosto de 2024
- [12]Decreto 749/2024 - Apruébase Reglamentación del Título VII - Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) - Ley Nº 27.742 –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 22 de agosto de 2024
- [13]Decreto 847/2024 - Apruébase Reglamentación del Título IV (Promoción del Empleo Registrado) y del Título V (Modernización Laboral) - Ley Nº 27.742 –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 25 de septiembre de 2024
- [14]Decreto 953/2024 - Disuélvese la AFIP y créase la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 24 de octubre de 2024
- [15]Decreto 286/2025 - Energía Argentina S.A. Autorízase el procedimiento para la privatización total –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 24 de abril de 2025
- [16]Decreto 452/2025 - Constitúyese el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 4 de julio de 2025
- [17]Decreto 494/2025 - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Autorízase el procedimiento para la privatización total –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 22 de julio de 2025
- [18]Decreto 105/2026 - Decreto N° 749/2024. Modificación (prórroga del plazo de adhesión al RIGI) –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 18 de febrero de 2026
- [19]Ley 27802 - Ley de Modernización Laboral (texto original) –Infoleg, Ministerio de Justicia (argentina.gob.ar), 6 de marzo de 2026