Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802)

Actualizar un sistema laboral que, según el Gobierno, expulsó durante décadas a millones de argentinos del empleo formal, reducir la litigiosidad laboral y devolver previsibilidad al mercado de trabajo, para generar empleo genuino y registrado.[14][13]

según la Oficina del Presidente (Comunicado Oficial N° 132 del 12 de febrero de 2026) y los senadores informantes en el debate del Senado

• Indemnización por despido (Ley de Contrato de Trabajo, art. 245 sustituido por el art. 51): un mes de sueldo por año de servicio, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, sin conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones; tope de tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable, sin que pueda reducir la base por debajo del 67 %; un convenio colectivo puede sustituir este régimen por un fondo de cese a cargo del empleador.[1]
• Fondos de Asistencia Laboral (FAL, Título II): cada empleador privado ingresa una contribución mensual del 1 % (grandes empresas) o del 2,5 % (micro, pequeñas y medianas empresas) de las remuneraciones en una cuenta separada, destinada exclusivamente a coadyuvar al pago de indemnizaciones y otros pagos por extinción de trabajadores registrados con al menos 12 meses de antelación; las contribuciones patronales a la seguridad social se reducen en un monto equivalente.[1]
• Jornada (arts. 42 y 43): empleador y trabajador pueden acordar por escrito un régimen voluntario de compensación de horas extraordinarias (horas extras, banco de horas, francos compensatorios); los convenios colectivos pueden calcular la jornada máxima en base a promedio, respetando 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.[1]
• Conflictos colectivos (art. 101, que sustituye el art. 24 de la Ley 25.877): prestación mínima del 75 % de la prestación normal en los servicios esenciales (entre ellos la educación hasta el nivel secundario, la salud, la energía, las telecomunicaciones, la recolección de residuos y el transporte aéreo y portuario) y del 50 % en las actividades de importancia trascendental.[1]
• Convenios colectivos (art. 131): vencida una convención, solo subsisten las cláusulas normativas sobre condiciones y beneficios individuales hasta una nueva convención; las demás cláusulas (obligacionales) mantienen su vigencia solo por acuerdo de partes.[1]
• Incentivo a la formalización (RIFL, Título XX): por las nuevas incorporaciones elegibles (sin relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, desempleadas en los últimos seis meses, inscriptas en el Régimen Simplificado o provenientes del sector público), las contribuciones patronales se reducen al 2 % (SIPA, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares) y al 3 % (INSSJP) durante 48 meses.[1][4]
• Regularización del empleo no registrado (PER, Título XXII): los empleadores pueden regularizar relaciones laborales del sector privado iniciadas hasta la promulgación, con posible extinción de la acción penal y condonación de multas y deudas por aportes y contribuciones, según reglamente el Poder Ejecutivo.[1][7]
• Otros títulos: registración laboral única ante ARCA (art. 155), un régimen para los prestadores de plataformas de reparto y movilidad de personas que asegura su independencia (Título XII), la aprobación de la transferencia de la justicia nacional del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires (Título III y anexo) y medidas tributarias, entre ellas el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, Título XXIII).[1]