Reforma de 2026 de la prestación básica para demandantes de empleo: del Bürgergeld al Grundsicherungsgeld

Reequilibrar « solidaridad y responsabilidad individual » en la prestación básica: llevar de forma duradera al empleo dando prioridad a la colocación, hacer más vinculante la cooperación con los jobcenters y hacerla cumplir con reducciones más fuertes, reservar las prestaciones a quienes realmente las necesitan (patrimonio, gastos de vivienda) y combatir el fraude. El Gobierno espera ahorros netos modestos en 2026-2027.[2][6][8]

Según el Gobierno federal (proyecto de ley de diciembre de 2025; Ministerio de Trabajo)

• Variación neta del gasto público (Federación, Länder, municipios, Agencia Federal de Empleo)

  -0,09 mil millones de €

  2026 · según el proyecto de ley del Gobierno (impacto presupuestario sin costes de aplicación)[2]

  −70 millones de € en 2027 y luego +11 millones en 2028 y +9 millones en 2029 (más gasto de la Agencia Federal de Empleo).

• Ahorro anual si 100.000 personas menos percibieran las prestaciones básicas

  0,85 mil millones de €

  al año, a partir de los derechos medios de junio de 2025 · según el proyecto de ley del Gobierno, escenario condicionado a una recuperación económica[2]

  De ellos, unos 100 millones para los municipios y el resto para la Federación.

• La prestación « Bürgergeld » pasa a llamarse « Grundsicherungsgeld » y el libro II del Código Social se convierte en « Grundsicherung für Arbeitsuchende »; las administraciones pueden seguir usando el término antiguo hasta el 31 de diciembre de 2026. La cuantía básica no cambia: 563 € al mes para un adulto solo en 2026.[1][6][9]
• La colocación en formación o empleo tiene prioridad sobre otras ayudas (nuevo § 3a); la formación sigue siendo posible si es más prometedora para una inserción duradera, sobre todo antes de los 30 años. Los beneficiarios aptos para trabajar deben emplear su capacidad laboral en la medida necesaria para salir de la necesidad, incluso a tiempo completo si es necesario y razonable.[1][7]
• La primera entrevista (evaluación de potencial y plan de cooperación) se celebra en persona en el jobcenter; el plan incluye una oferta personal de asesoramiento, apoyo o colocación. Quien falte a una cita sin motivo justificado, o no cumpla los pasos del plan, puede ser obligado mediante acto administrativo; se suprime el procedimiento de conciliación.[1][7]
• Un incumplimiento (no acreditar la búsqueda de empleo, rechazar un trabajo, una formación o una medida razonables) reduce ahora la cuantía básica un 30 % durante tres meses, en lugar del 10 %, 20 % y 30 % durante uno, dos y tres meses para el primer, segundo y tercer incumplimiento con las normas anteriores. La reducción se levanta en cuanto la persona cumple o se compromete seriamente a hacerlo.[1][7]
• Citas incumplidas: sin reducción la primera vez; a partir de la segunda, el 30 % de la cuantía durante un mes (antes, el 10 %). Tras tres citas incumplidas seguidas, la persona se considera ilocalizable y pierde el derecho, incluidos los gastos de vivienda; el primer mes solo se retiene la cuantía básica, y presentarse en persona en el jobcenter en ese plazo restablece el derecho.[1][7]
• Rechazar un empleo concreto, disponible de inmediato y razonable suprime ahora toda la cuantía básica durante al menos un mes y como máximo dos, sin que se exija un incumplimiento previo; el alquiler se paga entonces directamente al arrendador. En vigor desde el 23 de abril de 2026.[1][7]
• Salvaguardias: audiencia en persona si el jobcenter conoce una enfermedad psíquica, y antes de constatar una tercera cita incumplida consecutiva; posible examen médico o psicológico; ninguna reducción en casos de dureza excepcional; solo se reduce la cuantía de la persona afectada, no la de los hijos; se paga una prestación simbólica de 1 € al mes cuando la reducción por sí sola no dejaría ningún derecho.[1][7]
• Ahorros: se suprime el periodo de gracia de un año. El patrimonio protegido depende ahora de la edad, por persona: 5.000 € hasta los 30 años, 10.000 € desde los 31, 12.500 € desde los 41 y 20.000 € desde los 51. Con las normas anteriores, solo contaba el primer año un patrimonio « considerable » (más de 40.000 € para la primera persona y 15.000 € por cada persona adicional) y después 15.000 € por persona.[1][7]
• Vivienda: se mantiene el periodo de gracia de un año sobre los alquileres, pero los gastos se limitan desde el primer día a 1,5 veces el umbral local de adecuación (se admite superarlo si es inevitable o en hogares con hijos). Un alquiler contrario a un tope local (Mietpreisbremse) debe impugnarse, y los organismos municipales pueden fijar un alquiler máximo por metro cuadrado.[1][7][12]
• Padres: un empleo, una formación o un curso de idioma pasan a ser exigibles cuando el hijo ha cumplido 14 meses (en lugar de 3 años), siempre que el cuidado esté garantizado.[1][7]
• Apoyo: empleos subvencionados (§ 16e) abiertos a los beneficiarios de larga duración e incluidos en el seguro de desempleo; « transferencia pasivo-activo » de prestaciones a subvenciones salariales inscrita en la ley, hasta 700 millones de € al año; los jobcenters reciben 1.000 millones más al año desde 2026 para la inserción (decisión presupuestaria, 4.700 millones en total).[7][1]
• Fraude: los jobcenters deben comunicar a Aduanas toda sospecha de trabajo no declarado o de pago inferior al salario mínimo; los empleadores responden de las prestaciones cobradas indebidamente por un empleo no declarado o ficticio; la Agencia Federal de Empleo recibe un papel de apoyo contra el fraude organizado desde 2027; la viabilidad de una actividad autónoma se revisa como muy tarde al cabo de un año.[7][6][1]
• Jóvenes: a partir del 1 de agosto de 2027, las agencias de empleo ofrecen un asesoramiento integral, también proactivo, en virtud del libro III, en particular a los menores de 25 años difíciles de alcanzar; las agencias de empleo juvenil (Jugendberufsagenturen) se inscriben en la ley.[1][7]