El nuevo Código Penal de Indonesia (KUHP, Ley n.º 1 de 2023)

Sustituir el código penal heredado del gobierno colonial de las Indias Orientales Neerlandesas por un derecho penal nacional basado en el Pancasila y la Constitución de 1945, respetuoso de los derechos humanos y que equilibre el interés general y los intereses individuales, la protección de los autores y de las víctimas. La exposición general enumera cuatro misiones: la « descolonización » mediante la recodificación, la « democratización », la « consolidación » de un derecho penal disperso en muchas leyes y la « adaptación y armonización » con la evolución del derecho y las normas internacionales.[2]

Según el preámbulo y la exposición general de la Ley n.º 1 de 2023

• Derogación del antiguo código penal aplicado en virtud de la Ley n.º 1 de 1946 (el Wetboek van Strafrecht colonial), a partir de la entrada en vigor del código (artículo 622).[2]
• Penas principales, de la más grave a la más leve: prisión, detención (tutupan), vigilancia, multa y trabajo comunitario (artículo 65); la pena de muerte es una pena especial, siempre prevista como alternativa (artículos 67 y 98). Prisión temporal: 15 años consecutivos como máximo salvo disposición contraria (artículo 68).[2]
• La prisión se evita « en lo posible » en supuestos enumerados (menor o acusado de más de 75 años, primer delito, víctima indemnizada…), salvo en particular para los delitos castigados con 5 años o más o con un mínimo especial (artículo 70). Trabajo comunitario posible para delitos castigados con menos de 5 años cuando el juez impondría como máximo 6 meses de prisión o una multa de categoría II (artículo 85).[2]
• Pena de muerte con un periodo de prueba de 10 años: desde la reforma de 2026, el juez la impone con un periodo de prueba de 10 años durante el cual no puede ejecutarse; si el condenado muestra una conducta encomiable, se conmuta por cadena perpetua mediante decreto presidencial previo dictamen del Tribunal Supremo; si se deniega el indulto y la pena no se ejecuta en 10 años, se convierte de pleno derecho en cadena perpetua (artículos 99 a 101).[2][6]
• « Derecho vivo » de la sociedad: el código no excluye el derecho consuetudinario según el cual una persona merece castigo por un acto que el código no prevé, allí donde ese derecho está vivo y en la medida en que sea conforme con el Pancasila, la Constitución y los derechos humanos; el procedimiento y los criterios se remiten a un reglamento del gobierno (artículo 2). El cumplimiento de una obligación consuetudinaria local puede imponerse como pena accesoria (artículo 66).[2]
• Delitos objeto de recursos: ataque público al honor o la dignidad del presidente o del vicepresidente, hasta 3 años (artículo 218, no hay delito si se hace en interés público o en legítima defensa; requiere denuncia, artículo 220); insulto público al gobierno o a una institución del Estado, hasta 1 año y 6 meses por denuncia escrita de su titular (artículo 240, anulado en agosto de 2026 junto con el artículo 241); adulterio, hasta 1 año (artículo 411), y cohabitación fuera del matrimonio, hasta 6 meses (artículo 412), perseguidos solo por denuncia del cónyuge, o de un progenitor o hijo en el caso de una persona no casada.[2][7][9]
• Ley n.º 1 de 2026 sobre el ajuste de las penas: se suprimen las penas mínimas especiales de las demás leyes, salvo para las violaciones graves de los derechos humanos, el terrorismo, la corrupción y el blanqueo de capitales; las penas únicas de arresto (kurungan) pasan a ser multas; las penas de prisión superiores a 15 años sin alternativa de cadena perpetua o muerte se limitan a 15 años.[6]
• Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley n.º 20 de 2025): mecanismo de justicia restaurativa (perdón, restitución, indemnización de la víctima, recogidos en un acuerdo que debe cumplirse en 7 días, artículo 79) y grabación en vídeo del interrogatorio de los sospechosos (artículo 30).[4]