La reforma constitucional del « premierato »: elección directa del presidente del Consejo de Ministros

Reforzar la estabilidad de los gobiernos para permitir orientaciones políticas a medio y largo plazo; consolidar el principio democrático dando a los electores un papel en la determinación de la orientación política de la nación; favorecer la cohesión de las coaliciones electorales; evitar los cambios de bando de los parlamentarios (« transfughismo » y « trasformismo »).[5]

Según el gobierno (comunicado del Consejo de Ministros n.º 57 del 3 de noviembre de 2023)

• Duración del mandato del presidente del Consejo elegido por sufragio directo

  5 años

  por legislatura · según el nuevo artículo 92 del texto aprobado por el Senado[1]

  No más de dos legislaturas consecutivas, ampliadas a tres si la persona ejerció el cargo menos de siete años y seis meses en las anteriores.

• Elección del presidente del Consejo de Ministros por sufragio universal directo por cinco años, al mismo tiempo que la elección de ambas cámaras; es elegido en la cámara en la que presentó su candidatura y debe por tanto ser parlamentario (nuevo art. 92).[1][3]
• La ley electoral debe atribuir una prima nacional que garantice una mayoría de escaños en cada cámara a las listas y candidatos vinculados al presidente del Consejo, respetando la representatividad y la protección de las minorías lingüísticas. La Constitución no fijaría su cuantía: el 55 % de escaños del proyecto inicial se suprimió en el Senado, y el dosier del servicio de estudios de la Cámara señala que la fórmula « una mayoría » podría no garantizar la mayoría absoluta.[1][3][5]
• El presidente de la República encarga al presidente del Consejo elegido formar el gobierno y nombra y revoca a los ministros a propuesta suya. El gobierno debe seguir obteniendo la confianza de ambas cámaras en un plazo de diez días; si fracasa, el encargo se renueva una vez y un segundo fracaso conlleva la disolución.[1]
• Si se retira la confianza mediante una moción motivada, el presidente del Consejo elegido dimite y las cámaras se disuelven. En los demás casos de dimisión, puede pedir la disolución en un plazo de siete días; en su defecto — y en caso de fallecimiento, impedimento permanente o pérdida del cargo —, el presidente de la República puede, una sola vez por legislatura, encargar el gobierno al presidente del Consejo dimisionario o a un parlamentario elegido en vinculación con él (nuevo art. 94).[1]
• Fin del poder del presidente de la República de nombrar senadores vitalicios (art. 59, segundo párrafo, derogado); los ya nombrados siguen en el cargo y los expresidentes de la República siguen siendo senadores por derecho propio.[1][3]
• Otros cambios en el papel del jefe del Estado: el presidente de la República solo sería elegido por mayoría absoluta a partir de la sexta votación (en lugar de la tercera); en los últimos seis meses de su mandato solo podría disolver las cámaras cuando la disolución sea obligatoria; el nombramiento del presidente del Consejo y de los jueces constitucionales, el indulto, la convocatoria de elecciones y referendos, los mensajes a las cámaras y la devolución de las leyes dejarían de requerir refrendo.[1]
• Aplicación: a partir de la primera disolución o fin de legislatura tras la entrada en vigor de la nueva ley sobre la elección del presidente del Consejo y de las cámaras.[1]