First Step Act de 2018: reforma de las prisiones federales y de las penas

Mejorar los resultados de la justicia penal y reducir la población penitenciaria federal preservando la seguridad pública: evaluar el riesgo de reincidencia y las necesidades de cada preso, asignarle programas en consecuencia y recompensar la participación con créditos de tiempo, y suavizar algunas reglas de penas para los delitos de drogas.[6][1]

Según el Federal Bureau of Prisons (presentación de la ley) y el texto de la ley

• Proporción de presos elegibles de riesgo mínimo o bajo a los que debe ofrecerse un trabajo penitenciario de al menos 20 horas semanales

  75 %

  5 años después de la promulgación · objetivo fijado por la ley (18 U.S.C. § 3634), para la evaluación de viabilidad encargada al Attorney General[1]

  Objetivo que evaluar, no una cuota obligatoria: la ley pide examinar su viabilidad.

• Sistema de evaluación de riesgos y necesidades: el Attorney General debe publicar en 210 días una herramienta que clasifique a cada preso en riesgo de reincidencia mínimo, bajo, medio o alto, le asigne programas según sus necesidades y lo reevalúe periódicamente — PATTERN, publicado el 19 de julio de 2019.[1][7]
• Créditos de tiempo: 10 días por cada 30 días de participación satisfactoria en programas de prevención de la reincidencia o actividades productivas, más 5 días para los presos de riesgo mínimo o bajo cuyo riesgo no haya aumentado en dos evaluaciones; se aplican a una custodia previa a la salida (centro de reinserción, arresto domiciliario) o a la libertad supervisada. Los condenados por una lista de delitos quedan excluidos.[1][8][10]
• Reducción por buena conducta: hasta 54 días por cada año de la pena impuesta por el tribunal, en lugar de un crédito calculado al final de cada año efectivamente cumplido.[1]
• Penas mínimas obligatorias para los reincidentes en delitos de drogas: tras una condena anterior por « serious drug felony » o « serious violent felony », 15 años en lugar de 20; tras dos o más, 25 años en lugar de la cadena perpetua obligatoria. Se aplica a los delitos aún no sentenciados en la fecha de promulgación.[1]
• « Safety valve » ampliada, que permite al juez imponer una pena inferior al mínimo en delitos de drogas: abierta a los acusados con hasta 4 puntos de antecedentes (sin contar los delitos de 1 punto), sin delito anterior de 3 puntos ni delito violento anterior de 2 puntos. La pena agravada por una « segunda » condena por arma de fuego (§ 924(c)) exige ahora una condena anterior ya firme.[1]
• Retroactividad de la Fair Sentencing Act de 2010: las personas condenadas por delitos de crack cometidos antes del 3 de agosto de 2010 pueden pedir al tribunal — al igual que el BOP, la fiscalía o el propio tribunal — una pena reducida como si esa ley se hubiera aplicado; el tribunal no está obligado a reducirla.[1][12]
• Prohibición de las sujeciones a las presas bajo custodia del BOP o de los U.S. Marshals, desde la confirmación del embarazo hasta el final de la recuperación posparto, salvo las excepciones previstas.[1]
• Otras disposiciones: internamiento, en la medida de lo posible, a menos de 500 millas (por carretera) del domicilio; uso máximo del arresto domiciliario para los presos de bajo riesgo; posibilidad de que el preso pida él mismo al tribunal la excarcelación humanitaria 30 días después de su solicitud al director del centro (o tras agotar los recursos administrativos); renovación de la Second Chance Act; 75 millones de dólares anuales autorizados para los ejercicios 2019 a 2023 para aplicar la parte de reincidencia.[1]