Una sólida tradición educativa (alta alfabetización, universidades públicas gratuitas), pero resultados PISA 2025 en su nivel más bajo desde 2006, fuertes desigualdades y un pulso duradero entre el Ejecutivo y las universidades por su financiamiento.

Una sólida tradición educativa. Argentina tiene una larga tradición educativa: alta alfabetización, escolarización amplia y universidades públicas gratuitas y de ingreso irrestricto (la Universidad de Buenos Aires, UBA, figura entre las mejores de América Latina). Esa herencia, nacida de la ley de 1884 sobre la escuela laica y gratuita y de la Reforma Universitaria de 1918, sigue siendo una seña de identidad nacional y de ascenso social de las clases medias.

PISA 2025: un nuevo retroceso, el más marcado de la región. Los resultados publicados por la OCDE el 8 de septiembre de 2026 sitúan a Argentina en 367 puntos en matemática (frente a 378 en 2022, una caída de 11 puntos estadísticamente significativa), 389 en lectura (−12) y 393 en ciencias (−13). Es el nivel más bajo desde que las series son comparables (2006) y la mayor caída en matemática entre los países latinoamericanos participantes. El promedio OCDE es de 463 en matemática.

Competencias básicas no adquiridas. Según la OCDE, el 76 % de los alumnos de 15 años está por debajo del nivel 2 (umbral de competencias básicas) en matemática, y cerca del 60 % tanto en lectura como en ciencias. En el otro extremo, menos del 1 % alcanza los niveles 5 o 6. Argentina se ubica así en el último cuarto de los 91 sistemas evaluados.

Fuertes desigualdades de aprendizaje. La brecha de puntaje en matemática entre el cuarto de alumnos más favorecido y el menos favorecido alcanza 79 puntos en PISA 2025, el equivalente a varios años de escolaridad. Los resultados también varían mucho según la provincia (Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires por encima del promedio nacional, el Noreste y el Noroeste por debajo) y según el sector público o privado.

Las universidades en el centro de un conflicto. La Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en agosto de 2025, prevé actualizar los salarios docentes y las becas según la inflación. El presidente Javier Milei la vetó; el Congreso insistió (Senado, octubre de 2025), pero el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/25, por falta de financiamiento identificado. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos sobre salarios y becas; el fondo del litigio sigue pendiente y el Gobierno cuestiona el costo.

Una movilización recurrente. La cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo de 2026, reunió a decenas de miles de personas en Buenos Aires y en las provincias; siguieron otras movilizaciones en la primavera austral. Las universidades estiman que las transferencias del Estado cayeron más de un 45 % en términos reales entre 2023 y 2026 (cifra del sector, cuestionada por el Gobierno, que destaca el equilibrio fiscal y reclama auditorías del gasto universitario).

El presupuesto 2027 como campo de batalla. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso en septiembre de 2026 asigna unos 7,3 billones de pesos a las universidades nacionales, frente a cerca de 11 billones que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según Chequeado, esos créditos siguen alrededor de un 25 % por debajo de lo que exige la ley vigente, y Educación y Cultura en conjunto representarían el 0,77 % del PIB proyectado. El texto condiciona además las transferencias a una justificación detallada del gasto. Su tratamiento, en un Congreso fortalecido para el partido del presidente desde las legislativas de octubre de 2025, dirá si la ley 27.795 se aplica, se renegocia o se esquiva.

Mejorar la calidad de los aprendizajes. Frenar el retroceso de los resultados es el desafío central. El Gobierno nacional y varias provincias ponen el acento en la alfabetización inicial y las evaluaciones estandarizadas (Aprender), mientras los gremios docentes señalan la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el fin de fondos nacionales de compensación salarial.

Reducir las desigualdades. Cerrar las brechas según ingreso y provincia es un desafío de equidad, más aún cuando la pobreza infantil, aunque en baja desde 2024, sigue siendo elevada y pesa sobre la escolaridad.

Competencias y economía. Vincular la educación con las necesidades de la economía (energía, minería, tecnologías) es una palanca de desarrollo, mientras la emigración de graduados sigue siendo una preocupación.

Las preguntas abiertas. Tres decisiones estructurarán el período: (1) mejorar la calidad tras el golpe de PISA 2025; (2) reducir las desigualdades territoriales y sociales; (3) resolver el financiamiento universitario entre una ley sancionada, un fallo judicial y el rigor presupuestario.

Situada en su entorno, Argentina tiene una sólida tradición educativa pero resultados en retroceso: un contraste entre herencia y desempeño que PISA 2025 acentúa.

Tres enseñanzas. (1) PISA: al fondo de la región. Con 367 en matemática, Argentina queda por debajo de Brasil (377), Colombia (381) y México (388), lejos de Uruguay (405), Chile (403), Francia (458) y el promedio OCDE (463). Brasil y México se estabilizaron mientras Argentina retrocedía.

(2) Una herencia social. Las universidades públicas gratuitas y de ingreso irrestricto, así como la alta alfabetización, distinguen a Argentina: un logro social que ni Brasil ni México ofrecen a esa escala.

(3) Un deterioro compartido pero más fuerte. La caída pospandemia también afecta a Francia (−16 puntos en matemática) y al promedio OCDE; en Argentina se suma a un punto de partida ya bajo y a fuertes restricciones presupuestarias.