Una población carcelaria récord (258 detenidos por cada 100 000 habitantes a fines de 2024), una Corte Suprema reducida a tres jueces, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años votada en febrero de 2026 y un nuevo Código Penal anunciado: la justicia argentina está en el centro de la agenda de mano dura del gobierno de Milei.

Una justicia lenta. La lentitud de los procesos y la saturación de los tribunales siguen siendo quejas recurrentes, fuente de insatisfacción y de impunidad parcial. El sistema federal sufre además una gran cantidad de juzgados vacantes: a mediados de 2026, el Senado tenía 69 pliegos enviados por el Ejecutivo para tratar, que el gobierno presenta como su prioridad en materia judicial.

Una población carcelaria récord. Según las compilaciones publicadas a comienzos de 2026 a partir de datos oficiales, Argentina tenía 121 443 personas privadas de la libertad a fines de 2024, es decir, 258 por cada 100 000 habitantes, la tasa más alta de su historia; la población detenida crece alrededor de un 5 a 6 % por año desde hace una década, mucho más rápido que la población (≈ 1 %). En las cárceles federales, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) midió en el primer semestre de 2026 una sobrepoblación del 6,8 %, unos 785 detenidos más que plazas, y el gobierno prorrogó la emergencia penitenciaria hasta 2028.

Una Corte Suprema incompleta. Desde la salida del juez Juan Carlos Maqueda a fines de 2024, la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco miembros. El Senado rechazó en abril de 2025 a los dos candidatos designados por decreto (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla); luego el gobierno modificó por el Decreto 467/2026 el procedimiento de selección de candidatos vigente desde 2003, pero en el otoño boreal de 2026 aún no había propuesto nuevos nombres, ya que la designación exige dos tercios del Senado.

Causas de corrupción en primer plano. La condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación (causa « Vialidad ») quedó firme en junio de 2025; cumple la pena en su domicilio con tobillera electrónica. Desde noviembre de 2025 también es juzgada, junto a unos 80 coacusados, en la causa « Cuadernos » (coimas en la obra pública), un juicio de larga duración ante el Tribunal Oral Federal n.° 7. Sus partidarios denuncian una persecución judicial; sus adversarios ven la prueba de que la justicia puede alcanzar a los más altos responsables.

Un giro penal para los menores. El Congreso aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801): 149 votos contra 100 en la Cámara de Diputados el 12 de febrero de 2026 y luego 44 contra 27 en el Senado el 27 de febrero. Baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, reemplaza el régimen heredado de 1980, crea un procedimiento especializado para los adolescentes de 14 a 18 años y refuerza el papel de las víctimas. El gobierno estima su costo de implementación en más de 23 000 millones de pesos; UNICEF y parte de la oposición cuestionaron la baja de la edad, que consideran innecesaria para reformar la justicia juvenil.

Una desconfianza ciudadana. La confianza en la justicia sigue siendo muy baja (véase la categoría Confianza), reflejo de la lentitud, de la percepción de impunidad y de una politización percibida, que los grandes juicios de corrupción alimentan en ambos sentidos.

Un nuevo Código Penal. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, sucesor de Mariano Cúneo Libarona, privilegió en 2026 reformas parciales (penas más duras para robos, narcotráfico y delitos contra menores, nuevos delitos digitales) antes de un texto integral, cuyo envío al Congreso se anunció para antes de diciembre de 2026. El tratamiento de los delitos de corrupción en el proyecto genera debate incluso dentro del oficialismo; el proyecto de juicio por jurados quedó en suspenso.

Acelerar la justicia. Cubrir las vacantes y reducir los plazos es un desafío de eficacia y de confianza; la implementación del sistema acusatorio a nivel federal continúa.

Descomprimir las cárceles. Un endurecimiento penal sin nuevas plazas puede agravar una sobrepoblación ya medida; la aplicación del régimen juvenil también exigirá establecimientos especializados.

Las preguntas abiertas. Tres desafíos estructurarán el período: (1) completar la Corte Suprema y los tribunales; (2) implementar las reformas penales sin agravar la sobrepoblación; (3) garantizar la independencia y la eficacia de la lucha contra la corrupción.

Situada en su entorno, Argentina presenta fragilidades judiciales comunes a la región: lentitud, sobrepoblación, desconfianza.

Tres enseñanzas. (1) Población carcelaria: elevada y en aumento. Con 258 por cada 100 000 (2024), la tasa de encarcelamiento supera la de México (≈ 170) y Francia (≈ 110), sigue por debajo de Brasil (≈ 390) y Estados Unidos (≈ 540), pero crece más rápido que en la mayoría de sus pares.

(2) Lentitud y desconfianza. Como en Brasil y México, la lentitud y la desconfianza pesan, a diferencia del Estado de derecho más consolidado de Francia.

(3) Una justicia en el centro del debate político. La condena de una expresidenta, como en Brasil, y el bloqueo en torno a la Corte Suprema ilustran un desafío estructural regional: la relación entre la justicia y el poder político.