Una población penitenciaria en su nivel más alto desde 2019, impulsada por la prisión preventiva y el endurecimiento penal de los estados, y una sobreencarcelación indígena que se agrava: el 37 % de los presos, cuando el objetivo de Closing the Gap es reducirla.

Una población penitenciaria que vuelve a crecer. Según la ABS (Prisoners in Australia, publicado el 11 de diciembre de 2025), 46 998 adultos estaban presos a 30 de junio de 2025, un 6 % más que un año antes. La tasa alcanza 216 por 100 000 adultos (208 en 2024), su nivel más alto desde 2019; referida a la población total, como hace el World Prison Brief, ronda los 170 por 100 000. Es claramente más que en Europa occidental, pero muy lejos de Estados Unidos.

La prisión preventiva, motor del aumento. El 42 % de los presos (19 850) no estaban condenados a 30 de junio de 2025, una proporción elevada que refleja el endurecimiento de las reglas de libertad bajo fianza en varios estados. El número de mujeres presas crece aún más rápido: 3831 (+12 %), cerca del 8 % de los presos, y una tasa de 35 por 100 000 mujeres adultas (32 en 2024).

Una sobrerrepresentación indígena que se agrava. Los presos aborígenes e isleños del estrecho de Torres son 17 432 (+10 % en un año), es decir, el 37 % del total, para cerca del 4 % de la población. Su tasa de encarcelamiento estandarizada por edad pasó de 2318 a 2500 por 100 000 adultos (ABS) — cerca de 4500 en el caso de los hombres. Herencia de la colonización y de la desventaja social (cf. categoría Cohesión social), es una de las brechas más extremas del mundo.

Closing the Gap: el objetivo penitenciario se aleja. El acuerdo nacional Closing the Gap pretende reducir al menos un 15 % la tasa de encarcelamiento de los adultos indígenas de aquí a 2031 y un 30 % la detención de los jóvenes indígenas. El informe anual de la Productivity Commission (29 de julio de 2026), a mitad del acuerdo, sitúa el objetivo adulto entre los que empeoran; el de los jóvenes no avanza, con 25,7 jóvenes indígenas detenidos por cada 10 000 en 2024-25 y un deterioro desde 2022. Solo un puñado de los 19 objetivos se ha alcanzado o va camino de alcanzarse.

Una justicia federada, políticas divergentes. La justicia penal depende en gran medida de los estados y territorios. En cuanto a la edad de responsabilidad penal, el Territorio de la Capital (ACT) la elevó a 14 años y Victoria a 12, mientras el Territorio del Norte volvió a 10 años en octubre de 2024 — la edad vigente en la mayoría de las jurisdicciones. Al mismo tiempo, Queensland aplica desde finales de 2024 su doctrina « adult crime, adult time » (penas de adulto para una treintena de delitos graves cometidos por menores), y Victoria aprobó en diciembre de 2025 un régimen « Adult Time for Violent Crime » que permite, desde los 14 años, el juicio en tribunales de adultos y hasta la cadena perpetua para los crímenes más graves.

Reducir la sobreencarcelación indígena. Es el reto central, y el peor encaminado. Las organizaciones indígenas y el comisionado de justicia social reclaman reinvertir en la justicia comunitaria, las alternativas a la detención y el tratamiento de las causas profundas; los gobiernos de los estados invocan la seguridad de las víctimas frente a la delincuencia juvenil.

El giro punitivo de los estados. Queensland, Victoria y el Territorio del Norte han endurecido las reglas de fianza y de detención de menores. El propio gobierno de Victoria reconoció que su reforma aumentaría el número de niños detenidos. Sus defensores ven en ella una respuesta a agresiones y allanamientos violentos muy mediatizados; sus críticos, entre ellos los defensores de los derechos del niño, una política contraria a los compromisos de Closing the Gap.

Edad de responsabilidad penal. Tasmania prevé pasar a 14 años de aquí a 2029, y la elevación sigue recomendada por las instancias de derechos humanos y la comisión real sobre la discapacidad; pero la brecha entre jurisdicciones se ensancha más que se reduce.

Reincidencia, reinserción y capacidad. El aumento continuo de la población penitenciaria presiona unas cárceles ya muy solicitadas y la salud de los presos (AIHW), y plantea la cuestión de la eficacia de un sistema en el que la reincidencia sigue siendo elevada.

Las preguntas abiertas. Tres retos estructurarán el período: (1) invertir la curva del encarcelamiento indígena; (2) arbitrar entre firmeza y prevención para los menores; (3) contener la prisión preventiva.

Situada en su entorno, Australia encarcela más que Europa y Canadá y presenta una sobreencarcelación indígena extrema — su fractura específica, compartida en parte con Canadá.

Tres enseñanzas. (1) Encarcelamiento: por encima de Europa. Con ≈ 170 / 100 000 habitantes (216 por 100 000 adultos), la tasa australiana supera a Francia (≈ 120), el Reino Unido (≈ 140) y Canadá (≈ 85), muy por debajo de Estados Unidos (≈ 530).

(2) Una sobreencarcelación indígena entre las más altas del mundo. Como en Canadá, los pueblos indígenas están masivamente sobrerrepresentados, pero la proporción australiana (37 % de los presos para ≈ 4 % de la población) y su reciente aumento son más marcados.

(3) Sin pena de muerte. Como Europa y Canadá, Australia ha abolido la pena de muerte, a diferencia de Estados Unidos.