Los plazos de la justicia civil se han reducido a la mitad desde 2019 y los objetivos del plan de recuperación se declaran cumplidos, pero los electores rechazaron en marzo de 2026 la separación de las carreras de los magistrados y las prisiones rozan el 140 % de ocupación.

Plazos todavía largos, pero muy reducidos. La justicia italiana, en particular la civil, ha figurado durante mucho tiempo entre las más lentas de Europa (CEPEJ), un freno reconocido a la inversión y al acceso a la justicia (véase la categoría Economía). El plan de recuperación (PNRR) fijó objetivos cuantificados: según el ISTAT, el «disposition time» civil acumulado en los tres grados de jurisdicción pasó de 2512 días en 2019 a unos 1250 días en el primer semestre de 2026, una reducción del orden del 50 % frente a un objetivo del 40 %. En lo penal, la duración estimada era de 958 días a finales de 2025 (−31,2 % respecto a 2019), por encima de la meta del −25 %. El Ministerio de Justicia declara cumplidos todos los objetivos e hitos a 30 de junio de 2026.

Un efecto de «sprint final» discutido. El Observatorio de las cuentas públicas de la Universidad Católica (OCPI) señala que parte del descenso se debe a un esfuerzo concentrado en los últimos semestres para dar salida a los asuntos pendientes, y se pregunta si será duradero. Los cálculos del ministerio excluyen además ciertos procedimientos (jueces de paz), lo que hace difícilmente comparables las cifras de fuentes distintas.

La reforma constitucional rechazada. Los días 22 y 23 de marzo de 2026, los electores se pronunciaron en referéndum sobre la reforma impulsada por el ministro Carlo Nordio: separación de carreras entre jueces y fiscales, dos Consejos Superiores de la Magistratura con miembros elegidos por sorteo y un Alto Tribunal disciplinario. El «no» ganó con el 53,7 % de los votos, con una participación de alrededor del 59 % en el territorio nacional (55,7 % con los italianos en el extranjero); no se aplicaba quórum. El ministro asumió la responsabilidad política de la derrota y anunció una nueva agenda centrada en las oposiciones, la digitalización y el diálogo con la magistratura.

Prisiones al borde de la saturación. La asociación Antigone contabilizaba 64 741 reclusos a 28 de julio de 2026, es decir unos 110 por 100 000 habitantes, y una tasa de ocupación del 139,7 % respecto a las plazas efectivamente disponibles; 73 centros superaban el 150 %. Registró al menos 82 suicidios en prisión en 2025 (otros recuentos dan 79). Las condiciones de reclusión ya le han valido a Italia condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pocos magistrados, una pericia antimafia reconocida. Como Francia, Italia cuenta con relativamente pocos jueces profesionales (≈ 11 por 100 000 habitantes, CEPEJ), por debajo de la mediana europea. Su justicia dispone en cambio de una pericia reconocida en la lucha contra las mafias (fiscalías especializadas, confiscación de bienes), un ámbito en el que es referencia (véase la categoría Seguridad).

Hacer duradera la reducción de los plazos. Los fondos europeos del PNRR terminan en 2026. El reto es ahora consolidar los avances sin los refuerzos de la «oficina del proceso» financiados por el plan, afianzando la digitalización y las contrataciones.

Después del referéndum. El rechazo de la separación de carreras cierra, al menos a corto plazo, la vía constitucional. El debate se desplaza hacia reformas ordinarias (escuchas, oposiciones, organización de las fiscalías) y hacia la relación, que siguió siendo tensa durante toda la campaña, entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Magistrados.

Reducir el hacinamiento carcelario. El plan gubernamental de 2025 prevé unas 10 000 plazas adicionales de aquí a 2027 y descarta toda amnistía o reducción automática de penas; en marzo de 2026 el ministerio informaba de 2574 plazas procedentes de obras en curso. Las asociaciones consideran estos medios demasiado lentos frente a la afluencia. Tras los disturbios de octubre de 2026, el Gobierno anunció además más plazas en las prisiones de menores.

Lucha antimafia y fondos públicos. Proteger los últimos desembolsos del plan de recuperación y los grandes contratos públicos de la infiltración criminal sigue siendo un reto transversal (véase la categoría Seguridad).

Las cuestiones abiertas. Tres retos estructurarán el periodo: (1) consolidar la reducción de los plazos tras el fin del PNRR; (2) reducir el hacinamiento carcelario; (3) apaciguar el conflicto institucional entre Gobierno y magistratura tras el referéndum.

Situada en su entorno, Italia se caracteriza por una justicia históricamente lenta, en claro proceso de recuperación, y unas prisiones superpobladas, dos rasgos que comparte en parte con Francia.

Tres lecciones. (1) Plazos: una recuperación marcada. La duración de los procedimientos civiles sigue entre las más altas de Europa en las últimas comparaciones de la CEPEJ, muy por encima de Alemania y Francia, pero la diferencia se ha reducido desde 2019.

(2) Encarcelamiento moderado pero prisiones saturadas. La tasa de encarcelamiento (≈ 110 por 100 000) es cercana a la de Francia (≈ 106), inferior a la del Reino Unido (≈ 135) y superior a la de Alemania (≈ 70), pero el hacinamiento es de los mayores de Europa occidental, como en Francia.

(3) Pocos jueces. Como Francia (≈ 11 por 100 000), Italia cuenta con pocos magistrados por habitante, por debajo de la mediana del Consejo de Europa y lejos de Alemania (≈ 24).