La sociedad más envejecida de la OCDE (29,6 % de personas de 65 años o más en septiembre de 2026) gasta menos en pensiones que Francia o Italia: una de las salidas del trabajo más tardías, un fondo de reserva gigante y un mecanismo de ajuste automático que recorta las pensiones en términos reales mantienen el equilibrio — a costa de una tasa de reemplazo llamada a bajar.

Un sistema público de dos pisos. Todos los residentes de 20 a 59 años cotizan a la pensión nacional básica (kokumin nenkin), de cuantía fija; los asalariados están cubiertos además por el seguro de pensiones de los empleados (kōsei nenkin), proporcional al salario. Se suman planes de empresa y ahorro individual con ventajas fiscales (iDeCo). La edad normal de jubilación es de 65 años; se puede cobrar desde los 60 con reducción y aplazar hasta los 75 con bonificación.

Un gasto público contenido. Según la base SOCX de la OCDE, las pensiones públicas de vejez (prestaciones en efectivo) representaban el 9,2 % del PIB en 2022, y las pensiones privadas alrededor del 2,7 % del PIB en 2021. Este perímetro de la OCDE no es el de Eurostat (ESSPROS, utilizado para los países europeos): ambas medidas no deben confundirse.

Se trabaja mucho tiempo. La edad efectiva media de salida del mercado laboral alcanzaba 66,9 años en los hombres y 67,4 años en las mujeres en 2024 (OCDE), por encima de la edad legal. En 2025, el 26,0 % de las personas de 65 años o más tenía un empleo, y el 54,5 % de las de 65 a 69 años (Statistics Bureau, récord); los 9,43 millones de trabajadores mayores representan el 13,8 % de los ocupados. Pero el 76,1 % de los asalariados de 65 años o más tiene un empleo no regular, a menudo peor pagado tras la jubilación obligatoria de empresa a los 60 o 65 años.

Un nivel de pensión en descenso programado. La verificación financiera quinquenal de 2024 (MHLW) sitúa la tasa de reemplazo de un hogar tipo — un asalariado con carrera completa y un cónyuge en el hogar — en el 61,2 % del salario neto medio de los activos para el ejercicio 2024. Desde 2004, el mecanismo llamado «macro-economic slide» frena la indexación de las pensiones a los salarios y los precios en función de la caída del número de cotizantes y del aumento de la esperanza de vida.

Una revalorización inferior a los precios. Para el ejercicio 2026, la pensión básica sube un 1,9 %, cuarta subida anual consecutiva (Gobierno, enero de 2026); sin embargo, sigue por debajo de la inflación utilizada en el cálculo, lo que supone una bajada en términos reales. Paralelamente, el fondo de reserva público GPIF obtuvo un rendimiento del 16,47 % en el ejercicio 2025 (abril de 2025 – marzo de 2026), es decir, 41,4 billones de yenes de ganancias, con un activo de 293,6 billones de yenes a finales de marzo de 2026.

Una demografía sin equivalente. A 15 de septiembre de 2026, Japón contaba con 36,24 millones de personas de 65 años o más, el 29,6 % de la población, un récord (Statistics Bureau); las de 75 años o más ya representan el 17,7 %. Según el Banco Mundial, hay unas 51 personas de 65 años o más por cada 100 personas de 15 a 64 años (estimación de 2025).

La ley de 2025 amplía la base de cotizantes. Aprobada en junio de 2025, la reforma de las pensiones extiende el seguro de los empleados a los trabajadores a tiempo parcial: supresión del umbral de ingresos anuales de 1,06 millones de yenes y desaparición progresiva del criterio de tamaño de empresa entre octubre de 2027 y octubre de 2035 (MHLW). Desde abril de 2026 eleva además el límite a partir del cual se suspende la pensión de los jubilados que trabajan, de 510 000 a 650 000 yenes al mes, y a partir de 2028 suprime progresivamente las diferencias entre hombres y mujeres en las pensiones de supervivencia.

El refuerzo de la pensión básica, aplazado. La medida más debatida — movilizar parte de las reservas del seguro de los empleados para frenar la caída de la pensión básica — solo se incluyó como principio, a petición de la oposición, y se decidirá a la vista de la próxima verificación financiera, prevista para 2029. El Gobierno Takaichi pone el acento sobre todo en aligerar las cotizaciones sociales de los activos; a principios de noviembre de 2026 no había ninguna nueva reforma de las pensiones en marcha.

Proyecciones condicionadas al crecimiento. Según la verificación de 2024, la tasa de reemplazo del hogar tipo se mantendría por encima del 50 % en todos los escenarios, entre el 57,6 % (escenario de crecimiento) y el 50,4 % hacia 2057 (escenario que prolonga los últimos treinta años). Estas proyecciones dependen mucho de la productividad y del empleo de las mujeres y de las personas mayores.

Las preguntas abiertas. (1) Cómo proteger a los jubilados que solo cobran la pensión básica, a menudo mujeres y antiguos trabajadores por cuenta propia; (2) hasta dónde impulsar el empleo después de los 65 años sin agravar la precariedad; (3) cómo repartir el coste del envejecimiento entre generaciones.

Situado entre sus pares, Japón combina la población más envejecida con un gasto público en pensiones intermedio, posible gracias a una salida tardía del trabajo y a pensiones menos generosas que en el sur de Europa.

Tres enseñanzas. (1) Gasto: menos que Europa, más que los países anglosajones. Con el 9,2 % del PIB (OCDE SOCX, 2022), Japón se sitúa por debajo de Alemania (10,8 %, 2021), Francia e Italia, pero por encima de Estados Unidos (7,3 %, 2023) y sobre todo de Corea (3,8 %, 2022), cuyo sistema es más joven.

(2) Una de las salidas más tardías. Los japoneses abandonan el mercado laboral unos cinco años más tarde que los franceses (61,9 años los hombres en 2024) y dos o tres años más tarde que los alemanes; solo Corea y, en el caso de los hombres, Estados Unidos igualan o superan esa edad.

(3) Un equilibrio por ajuste automático. Mientras Francia e Italia debaten sobre edades legales, Japón optó en 2004 por ajustar primero el nivel de las pensiones: una solución que estabiliza las cuentas, pero traslada el riesgo al poder adquisitivo de los futuros jubilados.