Una población todavía joven y un gasto público en pensiones modesto, pero un sistema de tres pisos — pensión universal desde los 65 años, cuentas individuales en las Afores, un nuevo fondo complementario — bajo la presión de la informalidad, del envejecimiento y de un presupuesto 2027 ajustado.

Un gasto todavía modesto. Según la base SOCX de la OCDE, las prestaciones públicas en efectivo de vejez y sobrevivencia representaban el 5,3 % del PIB en 2023. ⚠️ Esta medida de la OCDE no es la de Eurostat (ESSPROS) utilizada para los países de la Unión: ambas no se comparan. El proyecto de presupuesto federal 2027 prevé alrededor de 2,48 billones de pesos para el pago de pensiones (en torno al 6 % del PIB según la prensa) — un perímetro presupuestario distinto.

Una población joven, pero que envejece rápido. Las personas de 65 años y más representaban solo el 8,5 % de la población en 2025 (Banco Mundial), frente a más del 20 % en Europa o Japón. Pero la fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo, a 1,89 hijos por mujer en 2024.

Salidas tardías, reflejo de la informalidad. La edad promedio de salida del mercado laboral alcanzaba 67,8 años para los hombres y 65,7 años para las mujeres en 2024 (OCDE, Pensions at a Glance), por encima de la edad legal de 65 años. Se explica menos por una política de empleo de los mayores que por la falta de una pensión suficiente para muchos trabajadores informales.

Primer piso: la pensión universal. Inscrita en la Constitución en 2020, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se paga a toda persona de 65 años y más, sin requisito de cotización; la Secretaría del Bienestar la fija en 6.400 pesos bimestrales en 2026. Su presupuesto aprobado para 2026 fue de 526.500 millones de pesos. Se suma la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a las mujeres de 60 a 64 años y ampliada por tramos de edad desde su lanzamiento a finales de 2024.

Segundo piso: las cuentas individuales. Desde la ley de 1997 («Ley 97»), los asalariados del sector privado afiliados al IMSS cotizan en cuentas individuales administradas por las Afores; la generación afiliada antes de julio de 1997 conserva el régimen de beneficio definido («Ley 73»). La reforma de 2020 eleva gradualmente las aportaciones del 6,5 % al 15 % del salario hasta 2030, sobre todo a cargo del empleador, y redujo las semanas de cotización exigidas a 750 en 2021, un umbral que sube 25 semanas por año — 875 en 2026, 1.000 en 2031. Según la CONSAR, las Afores administraban 8,3 billones de pesos a finales de 2025, el 23,8 % del PIB; la comisión máxima es del 0,54 % en 2026.

Tercer piso: el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Creado en 2024, complementa hasta el 100 % del último salario la pensión de los jubilados «Ley 97» e ISSSTE 2007 de ingresos modestos, financiado en parte con las cuentas Afore inactivas de las personas de 70 años y más. A finales de junio de 2026, su saldo era de 61.600 millones de pesos, después de devolver 5.940 millones a 188.043 titulares que reclamaron sus recursos. A finales de agosto de 2026 se habían pagado 610,5 millones de pesos en complementos a 8.665 personas, el 92 % jubilados del IMSS.

Un presupuesto 2027 más ajustado. El proyecto presentado en septiembre de 2026 prevé 543.500 millones de pesos para la pensión de las personas de 65 años y más, +3,2 % nominal después de +8,9 % en 2026 — prácticamente estable en términos reales, según Bloomberg Línea y Expansión. La pensión universal absorbería más de la mitad de los programas sociales, que superarían el billón de pesos. El texto aún debe ser votado por la Cámara de Diputados.

La «generación Afore» frente a sus derechos. Los primeros jubilados plenamente sujetos a las cuentas individuales llegan a la edad de retiro. Un estudio citado en agosto de 2026 estima que el 76 % de esta generación podría no reunir los requisitos de una pensión contributiva por falta de semanas cotizadas — un riesgo acentuado por el aumento del umbral hacia 1.000 semanas.

La sostenibilidad en debate. Los defensores del modelo actual ven en él una red universal que ha reducido la pobreza de los mayores; sus críticos señalan el peso creciente de la pensión universal y de la transición «Ley 73» en un presupuesto bajo presión, y el financiamiento del Fondo con recursos no recurrentes. En el Senado, una iniciativa busca vincular parte de las comisiones de las Afores a su rendimiento; su suerte no se conocía a principios de noviembre de 2026.

Las preguntas abiertas. Tres desafíos marcarán el periodo: (1) ampliar la cobertura contributiva en una economía a medias informal; (2) financiar una pensión universal cuyo costo sigue al envejecimiento; (3) garantizar pensiones suficientes a la primera generación Afore.

Con la misma medida de la OCDE (SOCX), México gasta poco en sus jubilados, pero su población es mucho más joven.

Tres enseñanzas. (1) Gasto: modesto. Con el 5,3 % del PIB (2023), queda por debajo de Estados Unidos (7,3 %, 2023) y cerca de Canadá (5,9 %, 2022), por encima de Corea (3,8 %) y Australia (3,4 %, 2022), donde los regímenes privados obligatorios o un régimen público reciente pesan en la comparación.

(2) Edad de salida: entre las más tardías. Con 67,8 años para los hombres, México supera a Estados Unidos (67,3) y a Corea (67,4), muy por delante de Australia (64,9); entre las mujeres, Corea (69,6) sigue por delante.

(3) Demografía: un respiro que se cierra. Con un 8,5 % de personas de 65 años y más, frente al 18 a 20 % de sus pares, México conserva todavía un margen demográfico, pero su fecundidad de 1,89 anuncia un envejecimiento rápido.