Una pensión pública de cuantía fija modesta pero protegida por el «triple lock», completada por un ahorro de empresa que se ha vuelto casi universal: el Reino Unido gasta la mitad que Francia en pensiones públicas y se dispone a revisar su regla de revalorización a partir de 2030.

Un gasto público contenido. Según la base SOCX de la OCDE, las pensiones públicas en efectivo (vejez y supervivencia) representaban el 7,1 % del PIB en 2022, a lo que se sumaban 2,9 puntos de pensiones privadas obligatorias o voluntarias, uno de los pesos privados más altos de la OCDE. Este perímetro (prestaciones en efectivo, público y privado por separado) no es el de Eurostat (ESSPROS) utilizado para Francia y Alemania: ambas medidas no deben compararse como una sola. El IFS estima el gasto en pensión estatal en 154 000 millones de libras en 2026-27.

Tres pilares. (1) La pensión estatal (new State Pension), de cuantía fija, que se obtiene tras 35 años de cotizaciones o créditos: 241,30 £ por semana a tasa completa desde abril de 2026 (+4,8 %). (2) Las pensiones de empresa, de prestación definida (sobre todo en el sector público y en las antiguas grandes empresas) o de aportación definida; desde 2012, el auto-enrolment inscribe de oficio a los asalariados, con una aportación mínima del 8 % del salario computable, del que el 3 % corre a cargo del empleador. (3) El ahorro individual (SIPP, ISA). Una prestación sujeta a recursos, el Pension Credit, complementa las pensiones más bajas.

Edad legal y edad efectiva. La edad de acceso a la pensión estatal, igualada en 66 años para hombres y mujeres desde 2020, empezó a subir hacia los 67 años en 2026, nivel que se alcanzará en 2028. La edad efectiva de salida del mercado laboral era de 63,8 años para los hombres y 63,1 para las mujeres en 2024 (OCDE): más alta que en Francia, pero claramente inferior a la de Estados Unidos o Japón.

El triple lock. Desde 2011, la pensión estatal se revaloriza cada año según el mayor de tres índices: la inflación de septiembre, el crecimiento de los salarios o el 2,5 %. En abril de 2027 serán los salarios los que fijen la subida: +3,9 %, hasta 250,70 £ semanales a tasa completa, cuando la inflación de septiembre de 2026 fue del 3,5 %. Según el IFS, el mecanismo ha añadido unos 16 000 millones de libras al año a la factura desde 2010.

El nivel de vida de los jubilados. La pobreza de los jubilados, en retroceso durante mucho tiempo, vuelve a aumentar: según las estadísticas del DWP (Households Below Average Income), alrededor del 14 % de los jubilados vivía por debajo del umbral de pobreza relativa después de los costes de vivienda en 2024-25, frente al 12 % un año antes. La supresión de la ayuda de calefacción invernal (Winter Fuel Payment) para la mayoría de los jubilados en 2024, y su restablecimiento parcial en 2025 sujeto a un umbral de renta, ilustró la sensibilidad política del tema.

El anunciado fin del triple lock. El 29 de septiembre de 2026, el primer ministro Andy Burnham confirmó que el triple lock se mantendría hasta el final de la legislatura y se ajustaría a partir de abril de 2030: la pensión subiría según los precios o el 2,5 % (un «double lock»), y el ahorro financiaría un nuevo National Care Service en Inglaterra. El Gobierno aún no ha precisado cómo seguiría vinculada la pensión a los salarios a largo plazo. El IFS considera el plan «mucho mejor pero imperfecto» e insuficiente para financiar una atención universal a la dependencia; la oposición conservadora lo critica. El cambio aún debe aprobarse por ley.

Una edad que sigue subiendo. La ley prevé el paso a los 68 años entre 2044 y 2046; una revisión independiente, encargada a Suzy Morrissey, examina su calendario, y se ha mencionado adelantarlo a finales de la década de 2030. En julio de 2026, la comisión de Trabajo y Pensiones de la Cámara de los Comunes pidió un apoyo reforzado (Universal Credit) para las personas próximas a la edad legal, y señaló que la subida a 67 años debería ahorrar unos 10 500 millones de libras al año.

Ahorrar más. La segunda Pensions Commission publicó en mayo de 2026 un informe intermedio: considera que el ahorro de empresa sigue siendo insuficiente para una gran parte de los futuros jubilados (autónomos, salarios bajos, mujeres) y presentará sus recomendaciones en 2027. La Pension Schemes Act 2026, sancionada el 29 de abril de 2026, crea «megafondos» de aportación definida de al menos 25 000 millones de libras de aquí a 2030 y reforma la consolidación de los pequeños fondos. Un tope de 2 000 £ anuales para las aportaciones por salary sacrifice exentas de cotizaciones sociales debe aplicarse a partir de abril de 2029.

Las cuestiones abiertas. Tres retos estructuran el debate: (1) la revalorización, conciliar sostenibilidad presupuestaria y protección de los jubilados con menos recursos; (2) la edad legal, el ritmo del paso a 68 años ante las diferencias de esperanza de vida con buena salud; (3) la suficiencia del ahorro privado para quienes el auto-enrolment cubre mal.

El Reino Unido pertenece al modelo «beveridgiano»: una pensión pública básica, más bien de cuantía fija, y un amplio papel de los fondos de empresa, como Estados Unidos y Canadá, en contraste con los regímenes «bismarckianos» de Francia y Alemania.

Tres conclusiones. (1) Un gasto público la mitad que en Francia. Según la OCDE (SOCX, 2022), las pensiones públicas británicas (7,1 % del PIB) se sitúan al nivel de Estados Unidos (7,1 %), por encima de Canadá (5,9 %), pero muy por debajo de Francia (13,4 %); Alemania alcanzaba el 10,8 % en 2021.

(2) Lo privado compensa en parte. Las pensiones privadas pesan 2,9 puntos del PIB en el Reino Unido, frente a 0,3 en Francia; entre estos países, solo Estados Unidos (5,7 puntos) y Canadá (3,5 puntos) superan esa cifra. Aun sumando público y privado, el Reino Unido (10,0 %) queda por debajo de Francia.

(3) Salidas de la actividad intermedias. Los británicos dejan el mercado laboral hacia los 63-64 años, dos años después que los franceses, pero antes que los estadounidenses (67,3 años en el caso de los hombres) y los japoneses (66,9 años), según la OCDE (2024).